Un diputado socialista de Las Palmas, su sobrino -él mismo alto cargo autonómico- y un general de la Guardia Civil son los «pilares» de una presunta organización criminal dedicada a hacer pagar comisiones a empresarios como peaje para conseguir que negocien en el Canarias, evitar las inspecciones sanitarias o agilizar los trámites relativos a las subvenciones públicas. Y, como «eslabón sindical» entre ellos, otro empresario que medió entre las partes y que dio su nombre a la última operación de corrupción que sacudió la política española: el ‘caso Mediador’.

Prisión provisional para el general de la Guardia Civil investigado en un presunto caso de corrupción en Canarias

Más

Un juzgado de Santa Cruz de Tenerife lleva un año investigando esta trama de presuntas coimas a cambio de favores políticos, que de momento deja 12 imputados. Entre ellos, el exparlamentario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, quien renunció el 15 de febrero obligado por Ferraz; su sobrino Taishet Fuentes, quien también renunció tras ser arrestado; el general retirado Francisco Espinosa Navas, único sospechoso en prisión temporal; y el empresario Marco Antonio Navarro, a quien los investigadores atribuyen las funciones de «mediador» entre el mundo empresarial y el mundo del poder y lo sitúan como punto de partida de la causa. El juez les imputa los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El resumen, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que esta operación anticorrupción no surgió de una interceptación, una factura falsa o una cuenta en un paraíso fiscal. Comienza cuando Ángel Luis Pérez Peña, entonces director deportivo del Cabildo de Tenerife, acude a comisaría en diciembre de 2021 para denunciar que alguien está realizando compras extrañas con su tarjeta de crédito. Cinco pagos por un total de 2.575 euros gastados en algo que, según él, no había comprado y que, según su versión, habría descubierto yendo a El Corte Inglés a comprar unas gafas.

Esa primera investigación por fraude, que terminó en autos, llevó a la Jefatura de Policía a Marco Antonio Navarro. Un hombre de 47 años que acumulaba ya diez años de prisión por condenas por falsificación de documentos, robo con fuerza y ​​violencia, estafa, abandono de familia y conducción sin carnet, repartidas en cinco condenas distintas. Y ante los agentes y el juez, no solo negó haber sustraído la tarjeta al alto funcionario del Cabildo, sino que prometió tener «pruebas fehacientes de la comisión de numerosos delitos relacionados con la corrupción cometidos por diferentes cargos políticos en Canarias». . »

Navarro, según el resumen, cumplió al menos parcialmente su promesa. 63 gigabytes de datos salieron de uno de sus teléfonos. Del otro, otras 65. Un total de 107.000 fotos, casi 40.000 audios y más de 3.100 vídeos en los que los investigadores encontraron imágenes de reuniones con empresarios y políticos, conversaciones grabadas en secreto y gran parte de las pruebas que sirvieron al tribunal para concluir que había Ha sido un delito en Canarias una red corrupta centrada en el sector de la cría con tentáculos en el Congreso de los Diputados y en la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid.

Algunas fotos en su teléfono están en bares, restaurantes, hoteles y clubes nocturnos. Pero varios de ellos están en el Congreso de los Diputados, frente a un manifiesto del grupo parlamentario socialista. Es allí donde Navarro, según confesó él mismo, llevó a varios empresarios que querían hacer fortuna en Canarias y que debían pagar lo que llamó un «impuesto revolucionario»: pagar a Fuentes Curbelo o perder el acceso a un contrato o quedarse sin fondos De un lado del mediador estaban el político y su sobrino, Taishet Fuentes, y del otro estaban los empresarios que necesitaban su poder. Las empresas organizaban fiestas que, según Navarro, costaban hasta 3.500 euros la noche y eran pagadas por empresarios e incluían drogas y prostitución.

El “primer peaje” de 5.000 “pene

Juan Bernardo Fuentes Curbelo, de 60 años, se incorporó a la bancada socialista del Congreso de los Diputados en los primeros días de la pandemia del coronavirus de 2020. Reemplazó a Elena Máñez, que regresaba a las islas para incorporarse al ejecutivo canario. Por ejemplo, se le encomendó la presentación de una nueva normativa para combatir el fraude fiscal. Previamente, desde agosto de 2019, se había desempeñado en el Gobierno de Canarias como Director General de Ganadería, cargo que ocupó su sobrino Taishet cuando llegó a las Cortes Generales. Fue allí, según las denuncias del sumario, cuando Fuentes Curbelo se convirtió en pieza clave de una red corrupta para cobrar comisiones y extorsionar a empresarios de Canarias.

Más allá de las palabras de Navarro, el sumario recoge los movimientos de dinero en torno a Fuentes Curbelo. No directamente en sus cuentas personales sino en las de la Asociación Deportiva Vega de Tetir que preside. En estas cuentas, según palabras de la Jefatura de Policía, los empresarios pagaron un «primer peaje económico» de 5.000 euros. Al menos tres empresas lo hicieron: Quesería Montesdeoca, MEC Suministra y Asesoramiento y Servicios de Drones entre noviembre de 2020 y enero de 2021, cuando Fuentes Curbelo ya tenía un escaño en el Congreso.

“Se montó todo para obligar a los empresarios a pagar comisiones si querían beneficiarse de subvenciones o servicios”, dijo Navarro en una de sus múltiples declaraciones el año pasado. Un «equipo perfecto», añadió la Jefatura de Policía en una de sus denuncias. El dinero fue justificado y blanqueado, además, con facturas falsas. Y según el juez, no todos los pagos tenían el mismo objetivo, y no todos se concretaron.

Algunas tenían como objetivo expandir sus actividades en la Zona Especial de Canarias, donde las empresas pagan apenas el 4% del impuesto de sociedades. Otros querían construir una planta de compostaje, instalar paneles solares en las granjas de la isla o vender drones a los agricultores. También había empresarios que esperaban una multa, obtener un subsidio o una licencia. Según Navarro, todos miraron primero su lista de contactos y luego las ramificaciones políticas del complot para lograr su objetivo.

Conversaciones registradas por Navarro ubican a Taishet Fuentes como parte de la red corrupta. Aprovechó su cargo, según los investigadores, para saber a qué empresarios podían recurrir y aprovechar llegado el momento.

En noviembre de 2020, el empresario Navarro grabó una llamada telefónica con el director general de Ganadería y le dijo que había conseguido «cinco mil euros para el equipo de fútbol». El oficial superior lo corrige: «Cinco mil plumas». Los investigadores explican en varios informes que, según sus pesquisas, se habló de comisiones. “Tenemos cinco mil bolígrafos para el equipo de fútbol lechero de Montesdeoca y quince mil… diez mil para Antonio Bautista”, dijo Navarro en esa convocatoria. Días después, el propio diputado nacional del PSOE se quejaba por WhatsApp de que no llegaba el dinero: «No se ha ingresado nada en la cuenta del club».

El sumario está repleto de esquemas elaborados por la Policía para que sea más fácil entender el funcionamiento de lo que definen como una organización criminal bien organizada que inició sus andanzas en el teléfono de Navarro y celebró su éxito en hoteles y discotecas de Madrid. Pero el alto nivel de vida, a un ritmo «difícilmente sostenible con sus salarios reglamentarios», los llevaría aún más a extorsionar a los empresarios.

Lo habrían hecho, por un lado, amenazando con inspecciones y sanciones a quienes no hubieran pagado las prestaciones que solicitaban. Otra forma, muestra el sumario, era utilizar a la Guardia Civil y su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) «para inspeccionar a los ganaderos o sus influencias comerciales con otros empresarios». Y aquí es donde entra en juego un comandante del estamento armado al que solían llamar «general» o «papá». Fue el general de división9 y director de un proyecto de cooperación policial en el Sahel: Francisco Espinosa Navas.

Los regalos del general retirado

Diversos informes policiales presentados al caso confirman que este alto oficial del estamento armado habría utilizado las «relaciones» y «vínculos y contactos comerciales» derivados de sus altas responsabilidades profesionales «para obtener ventajas personales». El Ministerio Fiscal también considera «esencial» su participación por la amplia red de contactos que ha establecido durante sus años al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas y su capacidad para «transmitir confianza» a los distintos empresarios.

El sumario recoge un modus operandi similar en el que el general recibía a los empresarios capturados en las oficinas de la Dirección General de la Guardia Civil, sitas en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, «algo imprescindible para poder dar una apariencia de seriedad y poder a el concierto para delinquir y generar confianza en los empresarios capturados”, dice el representante del Ministerio Público.

Según los informes, Espinosa Navas empezó a colaborar en la trama en septiembre de 2020, cuando aún trabajaba en un proyecto de formación de gendarmes en el Sahel y ganaba más de 200.000 euros al año. Pero, según Navarro, estaba preocupado por su futuro ante su inminente retiro. Se retiró en enero de 2021 en su 67 cumpleaños. “Tenía que buscar un futuro económico porque estaba a punto de jubilarse y tenía que buscar un futuro tanto para él como para Adelaida [la mujer con la que supuestamente mantenía una relación extramatrimonial]”, dijo el empresario en uno de los interrogatorios.

Investigadores del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil vinculan al general con hasta cuatro empresarios, a los que encandilaba con la posibilidad de conseguir contratos y a los que alardeaba de sus contactos con otros empresarios de alto nivel en las islas. Pero no solo. Según Navarro, los altos mandos del instituto armado también «intervinieron» y lograron enviar agentes del Seprona a varias fincas ganaderas para intimidar a sus dueños. “Fueron enviados para crear un problema y arreglarlo después”, dijo el empresario.

Como compensación, la guardia civil exigía el pago de los viajes de placer con la amante, pero también cantidades en metálico. Dinero que pidió recibir en tarjetas prepago con las que logró que no quedara rastro a su nombre. “La tarjeta cobra, me das una de esas tarjetas, acuérdate de traerme una”, le dijo a Navarro en noviembre de 2020, según audio aportado al caso. El mediador aseguró en uno de los interrogatorios que también entregó sobres con el dinero de los empresarios. Uno de ellos presuntamente aportó hasta 20.000 euros en diferentes pagos.

El sumario afirma que los empresarios pagaron estancias en hoteles de Fuerteventura y Gran Canaria y vuelos de empresa. Y también obsequios en especie como una caja de puros que uno de sus subalternos mandó a recoger a Barajas. El general incluso llegó a pedirle a uno de ellos que contratara a su amante como oficinista, pero la operación no tuvo éxito. Espinosa Navas se encuentra en prisión provisional desde el 16 de febrero, acusada de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y corrupción. En el registro de su domicilio, los agentes hallaron al menos 58.000 euros en 500 billetes guardados en cajas de zapatos, según fuentes judiciales consultadas por Canarias Ahora.