La Delegación del Gobierno de Canarias ha generado controversia al decidir no brindar apoyo con agentes de la Policía Nacional para los traslados de menores con medidas judiciales. Esta medida, comunicada en una carta por el delegado Anselmo Pestana, ha provocado la reacción del Gobierno canario, que considera que la decisión vulnera principios de lealtad y leyes orgánicas al no haber sido sometida a la junta general de seguridad.

El portavoz regional, Alfonso Cabello, ha destacado que Canarias no se niega a asumir sus competencias en materia de menores, pero señala que la creación de un grupo de trabajo para abordar este tema ha sido ignorada. A pesar de que se han celebrado reuniones al respecto en 2019 y 2025, el grupo de trabajo no ha sido convocado, lo que ha llevado al Gobierno de España a asumir competencias de forma unilateral, poniendo en riesgo a los menores y a los cuerpos de seguridad.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, en respuesta a la notificación de Pestana, ha señalado que la decisión de la Delegación del Gobierno contraviene el ordenamiento jurídico y suplanta el órgano competente para establecer el mecanismo de cooperación, que es la Junta de Seguridad de Canarias. Pestana ha dado un plazo hasta el 1 de febrero para que Canarias se haga cargo de los traslados.

Canarias desea asumir las competencias de forma adecuada, es decir, cuando cuente con los recursos humanos suficientes. Aunque no se han establecido cifras concretas, actualmente la Policía Canaria cuenta con 282 efectivos y se estima que se necesitarían al menos 500 para asumir estas competencias. La Consejería también ha destacado que, desde 2019, no se ha avanzado en el incremento de efectivos ni de competencias de la Policía Canaria, lo que dificulta el cumplimiento de este compromiso.

En resumen, la decisión de la Delegación del Gobierno de no prestar apoyo con agentes de la Policía Nacional para los traslados de menores con medidas judiciales ha generado un conflicto con el Gobierno canario, que considera que se están vulnerando leyes orgánicas y principios de lealtad institucional. La disputa gira en torno a la asunción de competencias y la falta de recursos humanos suficientes para llevar a cabo los traslados de forma efectiva.

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