El Ministerio de Justicia es responsable de proveer económicamente a la reserva de magistrados suplentes y jueces suplentes que los órganos judiciales de las islas convocan para cubrir las vacantes con carácter interino. El fondo que esta administración destinó inicialmente para este fin en 2022 fue de 1.958.789,82 euros, pero la partida resultó insuficiente y el gasto real en suplentes interinos y magistrados fue finalmente de 2.282.292,9 euros.

Según datos del CGPJ, los órganos judiciales de Canarias registraron durante 2022 un total de 359.429 cuentas de depósitos y envíos judiciales (201.221 en Las Palmas y 158.208 en Santa Cruz de Tenerife) por un importe total de 455.641.975 euros (320.705.4286 en Las Palmas y 134.936.689 en Santa Cruz de Tenerife).

Durante 2022 se registraron 359.429 entradas por este importe total y se calcularon 267.181 salidas (152.616 en Las Palmas y 114.565 en Santa Cruz de Tenerife) por un valor de 450.203.940 euros (314.026.655 euros en Las Palmas y 136.177,285 en Santa Cruz de Tenerife). ) y, a 31 de diciembre de 2021, la cuenta presentaba un saldo positivo de 177.367.846 euros (106.054.129,51 en Las Palmas y 71.313.716,89 en Santa Cruz de Tenerife).

En el total estatal, en 2022 la cuenta registró 6.639.018 entradas (el 5,4% de estas entradas correspondieron a Canarias), calculó 4.602.221 salidas (el 5,7% fueron en Canarias) y al cierre del ejercicio el saldo fue de 4.995.356.958 euros , del que el 3,5% estaba en las cuentas de los juzgados de Canarias.

Se definen como depósitos y envíos judiciales en dinero, efectos o valores, aquellos que se ponen a disposición de los órganos de la administración de justicia en el marco de procesos judiciales.

Para dar algunos ejemplos, los depósitos judiciales son aquellos que se constituyen en cumplimiento de garantías, fianzas, fianzas u otros requisitos procesales establecidos por la ley. Incluso las que se realicen como consecuencia de la intervención, incautación o incautación de monedas, billetes, cheques bancarios o valores realizables, practicados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por la Supervisión Aduanera o por otros funcionarios públicos, poniéndose a disposición de los órganos judiciales competentes. autoridad.

En este sentido, entran en esta categoría las rentas que se produzcan como consecuencia o garantía del embargo de bienes y de las sumas halladas en la práctica de las actuaciones judiciales.

Por otra parte, son expediciones judiciales las que se realizan en ejecución voluntaria o forzosa de títulos que implican ejecución; aun las que se realicen con el fin de liberar al obligado al pago de una cantidad, o en los demás casos legalmente establecidos.

El contrato de gestión de depósito y cuentas de depósito está actualmente encomendado al Banco de Santander.

Finalmente, durante 2022 se celebraron en España un total de 14.274 subastas judiciales (un 13,5% menos que en 2021, cuando se celebraron 16.317). De ellos, 444 fueron en Canarias (244 en los juzgados de la provincia de Las Palmas y 200 en los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife). Es decir, el 3,1% de las subastas tuvo lugar en nuestra comunidad autónoma.

Esta cifra supone un 26,4% menos que en 2021, cuando hubo 603, de los cuales 292 en Las Palmas y 311 en Santa Cruz de Tenerife.