La investigación penal sobre las contrataciones artísticas de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene su origen en una denuncia presentada por el Partido Popular de la capital, entra en su fase decisiva. La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) ha remitido ya a la Fiscalía Anticorrupción el informe específico sobre Camino Viejo Producciones, una de las empresas que desde el inicio de las diligencias figuraba bajo el foco de los investigadores por su papel en la adjudicación de contratos vinculados a fiestas, conciertos y eventos municipales.
Con este paso, la Policía da por concluido el análisis policial en lo relativo a esta mercantil, quedando ahora en manos del Ministerio Público el estudio jurídico del material remitido para determinar si concurren indicios suficientes de relevancia penal. Fuentes jurídicas señalan que esta valoración será determinante para el desenlace de un procedimiento que se ha prolongado durante meses y que ha tenido un notable impacto político y administrativo en el Consistorio capitalino.
La documentación entregada por la UDEF se encuadra dentro de una investigación de gran envergadura, en la que los agentes llegaron a incautar miles de contratos, facturas, expedientes y soportes documentales relacionados con la gestión de la Sociedad de Promoción. El análisis se ha centrado especialmente en el uso reiterado de adjudicaciones directas y procedimientos negociados sin publicidad, así como en la posible existencia de contratos cruzados entre empresas presuntamente vinculadas, entre ellas Camino Viejo Producciones.
Camino Viejo figura dentro del grupo de una docena de mercantiles investigadas por la Fiscalía Anticorrupción en este procedimiento. El objetivo de las diligencias es esclarecer si las adjudicaciones respetaron los principios de concurrencia, transparencia y libre competencia, o si, por el contrario, se habría articulado un sistema irregular en el reparto de contratos públicos dentro del ámbito cultural y festivo de la ciudad.
En paralelo a la investigación empresarial, la Fiscalía ha llamado como investigados a varios exresponsables políticos y gestores de la Sociedad de Promoción. En las diligencias figuran Encarna Galván, exconcejala y expresidenta del organismo; Natalia Medina, exconsejera; Agustín Díaz, exgerente; y María Elena Rodríguez, su sucesora en la gerencia. Todos ellos están siendo analizados por su papel en la tramitación, supervisión y control de los expedientes contractuales, sin que hasta el momento exista pronunciamiento judicial alguno sobre su responsabilidad penal.
Anticorrupción investiga la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, siempre bajo el principio constitucional de presunción de inocencia. El informe ahora incorporado sobre Camino Viejo es considerado una pieza determinante para cerrar el mapa completo de las adjudicaciones bajo sospecha.
A partir de esta entrega, el Ministerio Público deberá decidir si archiva las actuaciones o si, por el contrario, presenta denuncia ante el juzgado de instrucción, lo que supondría la apertura formal de un procedimiento penal. De producirse ese paso, la causa abandonaría definitivamente la fase de investigación fiscal para entrar de lleno en sede judicial.
Hasta entonces, el futuro del caso queda en manos del criterio final del fiscal, que deberá valorar si el conjunto de indicios acumulados durante meses alcanza el umbral exigido para activar un proceso penal por la gestión de los contratos públicos de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria.
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