Pruebas llamadas have objetivo de desempeñar cargos de dirección procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa, así como de asistencia judicial. Así lo recordó el viceministro la lista final ya conocida es la de forenses.

Tras las críticas de la diputada del PP Astrid Pérez por la situación, Vallejo respondió que la gobierno de Canarias enfrentó un nuevo proceso en la presente legislatura inserción de personal temporal, algo que no se ha hecho desde 2009.

El viceministro sostiene que, en los siguientes diez años, dos ejecutivos intentaron realizar un trámite similar, pero no lo lograron. Además, argumenta que el actual proceso se ha desarrollado «de forma más ambiciosa y rigurosa» que en ocasiones anteriores, con el objetivo de que los eventuales seleccionados reúnan los perfiles adecuados que se necesitan en los distintos órganos judiciales del Archipiélago.

La evaluación de los 38.300 candidatos tuvo que ser desarrollada de manera «detallada» por un comité de selección, trató de justificar. De hecho, pasó un año desde la presentación de las solicitudes hasta que se dieron a conocer las listas provisionales. Y es que, desde ese momento, el citado organismo de inspección ha tenido que estudiar las 4.000 denuncias contra las citadas listas provisionales. Según el viceministro de Justicia, con este volumen de solicitantes, los tiempos «difícilmente» podrían haber sido «más cortos».

Astrid Pérez, al igual que los representantes de CC durante el turno de preguntas, también criticó la organización, planificación y funcionamiento de los institutos forenses de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. En el caso concreto del órgano de la provincia oriental, la diputada del PP denunció el caso de la familia de un hombre ahogado en una playa de Fuerteventura, que tuvo que esperar cinco días para poder enterrarlo, por la demora en la realización de la autopsia.

Según Pérez, había un forense en Fuerteventura, pero faltaba un ayudante. El miembro del Grupo Popular comentó que el auxiliar que estaba en Lanzarote no pudo viajar en barco, mientras que el disponible en Gran Canaria no cogió asiento en los vuelos a Fuerteventura durante varios días. Finalmente, el auxiliar de Lanzarote tuvo que viajar a Gran Canaria para cubrir lo que iba a Fuerteventura, dijo Pérez como ejemplo del caos por la falta de personal en esa zona.

Vallejo reconoció ante la oposición la falta de personal en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, «donde existe el mismo personal desde hace quince años», se disculpó.

En concreto, 26 médicos forenses, once psicólogos y media docena de trabajadores sociales están adscritos a este departamento, que depende de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Según Vallejo, este modelo, sobre todo en el ámbito de los psicólogos, no se adapta a la realidad actual. Para el representante del Gobierno de Canarias, las necesidades han cambiado en las últimas tres décadas y se requieren pruebas cada vez más complejas. Además, esta situación estructural se vio agravada por el despido de muchos psicólogos.

personal externo

Ante esta escasez de personal, el Ejecutivo autonómico ha decidido permitir un «reforzamiento de la cooperación externa de empresas especializadas en la realización de pruebas periciales», ha dicho, que serán las encargadas de realizar las gestiones que se consideren urgentes.

La administración autonómica también incidirá en esta ‘modalidad de colaboración externa’ -negociación con empresas privadas- a través de un concurso extraordinario para la designación de psicólogos especialistas en infancia y mujeres afectadas por la violencia de género.

Paralelamente, Vallejo anunció que en unas semanas habrá una plantilla de refuerzo temporal para hacer frente a las bajas de psicólogos y paliar la actual sobrecarga de trabajo.