Los trabajadores de la Dirección de Seguridad y Salud de Canarias (GSC) presentaron una
aviso de huelga en sus centros de trabajo de Santa Cruz de Tenerife (CSIF – ISLAS CANARIAS) y Las Palmas de Gran Canaria (CCOO) que sería efectivo
a partir del 1 de diciembre.

Esta medida de presión es una reacción a la
«irregularidad laboral» de la empresa pública e
«incumplimiento constante de las promesas» a los trabajadores por los consejeros de Administración Pública, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y Hacienda, Román Rodríguez, señaló CSIF en un comunicado.

El comité de empresa de ambas provincias condena la «pasividad y el máximo desprecio» del Gobierno de Canarias hacia todos los trabajadores de GSC, «la empresa pública más importante para la seguridad y la salud en todas las Islas Canarias».

Recuerde que GSC comprende 112,
Servicio de Emergencias de Canarias y Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (CECOES) en Canariasy tiene entre sus cometidos las responsabilidades de emergencias y transporte sanitario (terrestre y aéreo), coordinación de emergencias, formación sanitaria y seguridad ciudadana o gestión económica y recaudación sanitaria del Servicio Canario de Salud.

El delegado de Csif Canarias, Lorenzo Galindo, critica que el ejecutivo canario «ni se molestó» en respetar un acuerdo alcanzado en los juzgados sobre la deducción del 5% sufrida en 2012 y que el propio Tribunal Constitucional declaró ilegal en 2014.

Indica que el Gobierno de Canarias «se aferra a una relación de interés para no cumplir este acuerdo» cuando, asegura, hay dinero disponible y
“Hay herramientas para respetar a los trabajadores”.

El Procurador Rector de CSIF-CANARIAS en SGC en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristo Llurda, considera improcedente que Julio Pérez afirme por un lado que «tiene dinero» para cumplir un acuerdo judicial pero que «legalmente No puedo hacerlo». .

«La realidad», dice Llurda, «es que el Gobierno de Canarias no quiere cumplir su palabra».